Antonio Javier Aranda

Director del Secretariado de Acción Católica

Diócesis de Orihuela-Alicant

Una realidad tozuda nos ha vuelto a demostrar que el estado del bienestar sigue teniendo importantes carencias a la hora de dar protección a los más vulnerables de la sociedad:

–                3,4 millones de trabajadores afectados por un ERTE.

–                3,8 millones de personas desempleadas

–                1,4 millones de autónomos han cesado su actividad (solicitudes de ayuda por cese de actividad).

–                1,3 millones de empleos destruidos.

–                1,1 millones de familias con todos sus miembros desempleados

–                1 millón de desempleados (1.004.595) no reciben ninguna tipo de prestación ni subsidio.

–                1,4 millones de desempleados llevan en esa situación más de un año

–                514 mil jóvenes (el 40,8% ) se encuentran desempleados

Muchas son las voces que plantean superar las deficiencias actuales del estado del bienestar a través de una renta de ciudadanía. El pasado domingo de Pascua, el Papa Francisco, en una carta dirigida a movimientos y organizaciones sociales, afirma que “Este puede ser el momento de considerar un salario básico universal”, “Aseguraría y concretamente alcanzaría el ideal, a la vez tan humano y tan cristiano, de que ningún trabajador sin derechos”.

Las comunidades autónomas ya tienen implantado en su territorio algún tipo de renta con el fin de combatir la exclusión social.

El pasado mes de junio se aprobó en España el Ingreso Mínimo Vital (IMV) con el fin de prevenir y luchar contra la pobreza y la exclusión social en España.

La exposición de motivos de la ley que regula el IMV señala claramente que “Esta prestación nace con el objetivo principal de garantizar, a través de la satisfacción de unas condiciones materiales mínimas, la participación plena de toda la ciudadanía en la vida social y económica, rompiendo el vínculo entre ausencia estructural de recursos y falta de acceso a oportunidades en los ámbitos laboral, educativo, o social de los individuos. La prestación no es por tanto un fin en sí misma, sino una herramienta para facilitar la transición de los individuos desde la exclusión social que les impone la ausencia de recursos hacia una situación en la que se puedan desarrollar con plenitud en la sociedad.”

Más allá de lo que sucede en el Estado español, la pobreza y la exclusión tiene una dimensión mundial, por ello el pasado 23 de julio la ONU propuso la introducción inmediata de una renta básica o un ingreso mínimo temporal para unos 2.700 millones de personas que viven por debajo o muy cerca del umbral de la pobreza -más de un tercio de la población mundial- con el fin de frenar el avance del coronavirus y, yo añadiría, la pobreza. La implementación de un ingreso ciudadano básico erradicaría la pobreza en 66 países, beneficiando a 185 millones de personas, y al coste solo el 1% del PIB de estas economías (Brookings Institution).

Mientras los estados no sean capaces de asegurar el pleno empleo y que éste sea digno, habrá que establecer medidas que eviten el empobrecimiento y la exclusión de millones de personas en todo el mundo. Nuestra fe en Jesucristo liberador nos lo exige “no te olvides de los pobres” (Gal 2,10)

Antonio Javier Aranda

Director del Secretariado de Acción Católica

Diócesis de Orihuela-Alicante