Paz y reconciliación en RD Congo.

Franco Torres cmf

Secretariado claretiano de JPIC en RDC

En las líneas que siguen alcanzaré apenas a esbozar dos escorzos sobre la urgencia de la paz en RDC. El primero toma como punto de partida las detenciones arbitrarias en la Parroquia claretiana de Saint Paul Kingandu, al oeste de la RDC y desde allí presenta el modo en que una comunidad intenta construir ciudadanía. El segundo se proyecta desde un conflicto local de connotaciones tribales hacia una consideración de las causas profundas de los enfrentamientos violentos en RDC. A partir de ahí, creo que es posible visualizar el insoslayable carácter socio-ambiental de la reconciliación en la región de los grandes lagos.

De las detenciones arbitrarias a la construcción de ciudadanía.

En noviembre de 2019, los vecinos de Sondji, una localidad ubicada en el ejido de la parroquia rural de Saint Paul Kingandu, indignados por la violación de una niña en la que se vio implicado el director de la escuela, cerraron su despacho y exigieron que se retirase del pueblo. La persecución policial y militar provocada por esta “infracción” implicó  la detención indiscriminada de más de 20 vecinos que sufrieron maltratos durante 3 o 4 días según el caso. Sus familias no sólo fueron violentadas al momento de la detención sino que también tuvieron que sacrificar su modesta producción agrícola para liberarlos. Mientras tanto, la mayor parte de los jóvenes de las seis aldeas vecinas -muchos de ellos todavía estudiantes de la escuela secundaria- huyó al monte, donde permaneció durante varias semanas.

Lejos de ser un caso aislado, este ejemplo muestra el modo en que un buen número de policías y militares de la zona rural toma como pretexto la denuncia de una eventual infracción para organizar expediciones de extorsión de los campesinos, quienes las más de las veces carecen de los elementos para defenderse. La regularidad de estas exacciones crea un sentimiento generalizado de inseguridad. Es quizás por eso por lo que en un encuentro con jóvenes de Kingandu en el que presentábamos los Objeticos de Desarrollo Sostenible, al momento de jerarquizarlos según las urgencias del contexto, la mayoría de los participantes priorizó la paz y el trabajo. Según ellos, lo hicieron en ese orden, porque sin paz y sin una garantía de las libertades fundamentales, no se puede gozar tampoco de los beneficios de un trabajo digno.

Ante esta situación, la comunidad eclesial articuló acciones con la comisión diocesana de justicia y paz, tanto para intervenir en favor de la liberación de las personas detenidas de manera ilegal y arbitraria –en algunos casos, incluso menores de edad- como para ofrecer una formación en derechos humanos, resolución pacífica de conflictos y gobernanza participativa. De hecho, muchas de las denuncias, hasta el día de hoy, están provocadas por disputas que en principio pueden resolverse sin acudir necesariamente a la intervención del Estado. Así, nuestras comunidades, y de una manera particular las comisiones de justicia y paz, han ido asumiendo progresivamente la tarea de reconciliación como constitutiva de su misión. 

Por otra parte, consciente de que el fortalecimiento de las instituciones democráticas está íntimamente ligada a la construcción de la paz y habiendo recibido la formación pertinente, la comunidad parroquial elaboró un “mandato” en el que a partir de conversaciones de base, se recabaron los problemas más urgentes de la población y se propusieron soluciones. Dicho mandato fue presentado al gobernador de la provincia durante su visita al pueblo, en junio del año en curso. Esta experiencia se encuentra en continuidad con la campaña de educación civil y la misión de observación de las elecciones nacionales organizadas por la Comisión Episcopal de Justicia y Paz entre 2017 y 2019. De hecho, la Iglesia ha jugado un rol profético de movilización social que fue decisivo para la realización de las elecciones nacionales de 2019; el desafío se actualiza de cara a las próximas elecciones nacionales de 2023.

De las identidades tribales a una reconciliación integral.

En un país de más de 300 grupos étnicos, como lo es la RDC, el mismo componente identitario que genera su grandiosa diversidad cultural puede convertirse también en un importante factor de división. En el mes de octubre del año pasado, una trabajadora del hospital de Kingandu increpó a una paciente anciana y pobre evocando de una manera despectiva su pertenencia étnica. Ello suscitó la ira de uno de sus colegas del mismo clan que la paciente; el caso tomó dimensiones comunitarias y fue manipulado por un diputado perteneciente a una de las dos comunidades. Al cabo de algunas semanas, un grupo de jóvenes acabó haciendo una manifestación frente al hospital y clausuró parte de sus instalaciones, a lo que siguió un despliegue policial y militar en la zona con la consecuente huida de los jóvenes al monte.

Aunque los perjuicios de esta crisis acabaron siendo menos graves que los del mencionado caso de Sondji, ella nos muestra que ninguna comunidad en RDC está completamente a salvo de caer en el tribalismo y de sufrir consecuencias que frecuentemente exceden el dominio mismo de lo comunitario. Actualmente, en los territorios de Kwamouth y Bolobo de la provincia de Mai Ndombe, las tensiones ligadas a la ocupación de la tierra, desencadenaron un conflicto armado entre los pueblos Yaka y Teke que ya provocó decenas de muertos y más de 9.000 desplazados. Sin embargo, como lo dio a entender el cardenal Fridolin Ambongo al regresar de su visita a las comunidades de Kwamouth, tal conflicto puede ser mucho más complejo que un simple y localizado enfrentamiento tribal.

Si bien ninguna información oficial lo sustenta por el momento, una buena parte de la sociedad congoleña comparte la preocupación de que tales acontecimientos sean una nueva manifestación de la misma crisis de desestabilización que se sufre al otro extremo del país. Por un lado, los ataques con armas blancas se están extendiendo desde la planicie de Bateke a las provincias vecinas de Kwilu y Kwangu. Presumiblemente, en toda esta región se han ido asentando arrieros Bororo llegados desde el este del país entre 2017 y 2019. Por otro lado, estos episodios de violencia, cuyo foco se ubica en un lugar estratégico para ingresar desde el interior del país a la capital a través de las vías fluviales, se dan en el contexto de una escalada de tensión entre la RDC y el vecino país de Ruanda.

De hecho, en su reciente discurso a la 77ª Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Felix Tshisekedi denunció la agresión ruandesa a la RDC que se ha dado a través de la incursión directa de sus fuerzas armadas y del apoyo en tropas y material de guerra al movimiento terrorista M23. Hemos de recordar que durante los últimos 30 años las poblaciones de las provincias de Ituri, Nord Kivu y Sud Kivu sufren una verdadera guerra perpetrada por unos 120 grupos armados, congoleños y extranjeros, que masacran campesinos indefensos, violan las mujeres para infundir el pánico y han dejado ya 5,6 millones de refugiados. El último informe del grupo de expertos de la ONU pone en evidencia la colaboración entre la armada ruandesa y uno de esos grupos armados: el M23.    

En efecto, el episcopado congoleño viene denunciando desde la década de los 90 la amenaza permanente de un plan de balcanización de la RDC. Dicho plan atañe tanto a ciertas facciones étnicas presentes en Ruanda y otros países de la región de los grandes lagos que reivindican una redefinición de fronteras, como a los intereses transnacionales que codician las reservas estratégicas de minerales de la RDC. Y cuando súbitamente surgen estos enfrentamientos armados entre pueblos que han vivido históricamente de manera más o menos armoniosa, como los Teke y Yaka en Kwamouth, es muy difícil no asociarlo con la misma manipulación de los conflictos tribales que ha servido para desestabilizar sistemáticamente el este del país fragilizando su cohesión social y poniendo en peligro su misma integridad territorial.

En este sentido, el lema elegido por el papa Francisco para su visita, “todos reconciliados en Cristo” es un mensaje fuerte y oportuno con vocación a sanar no sólo conflictos de una profunda raigambre identitaria -tribal o nacional- sino también el vínculo mismo entre los pueblos, la tierra y las creaturas que la habitan. En efecto, sólo podremos dimensionar adecuadamente la complejidad de la violencia que vive la RDC si tenemos presente al espíritu el carácter indisolublemente socio-ambiental de la paz y de la justicia de la cual ella es fruto. Creo que mientras sigamos pensando que la RDC es un país rico porque tiene fabulosas reservas de cobalto, oro, diamante o petróleo, seremos deudores del modelo extractivista que está a la base de la violencia. Una región de los grandes lagos reconciliada nos exige cambiar la mirada.

Como misioneros claretianos en RDC hemos dado un importante paso hacia ese horizonte al comprometernos a ofrecer a los agentes pastorales y a los educadores claretianos itinerarios formativos eficaces sobre la amistad social y el cuidado de la casa común durante el trienio 2022-2025. Esperemos que este compromiso nos acerque cada vez más a quienes sufren directamente los efectos de esta guerra –incluida nuestra hermana, la madre tierra- y que con ellos y ellas nos avoquemos a trabajar por una paz duradera.

Franco Torres cmf