Una historia de Resiliencia colectiva: Desaparecidos en Chocó

Desaparición forzada, memoria del duelo y resistencia. Un acercamiento a las consecuencias del conflicto en el Bajo Atrato, Chocó (Colombia)

Anselmus Baru, CMF

Misionero Claretiano, Provincia Colombia Venezuela

El conflicto armado en Colombia y sus protagonistas (guerrilleros, ejército y paramilitares), por más de más de cinco décadas, con su evolución y diferentes métodos de guerra, ha dejado decenas de miles de las familias sin la vida y presencia muchos de sus seres queridos. Algunas familias han logrado ver los cuerpos o cadáveres de sus familiares, pero en otras, el profundo dolor sigue patente, porque desconocen dónde se encuentran sus seres más cercanos; sus desaparecidos. La desaparición de forma forzada de muchas personas a las que el conflicto los arrancó de sus familias y los despojó de sus sueños y esperanzas es un crimen de lesa humanidad que ha desarticulado el hábitat de vida de familias y comunidades víctimas. Pero la resistencia de los pocos (personas, colectivos y organizaciones) que no han cesado en la búsqueda de sus cuerpos o de sus vidas, la exigencia de la verdad histórica es un grito frente al olvido y el desaliento.

La desaparición forzada se puede entender como una práctica de la violencia, un mecanismo de los regímenes y organizaciones para imponer su control y poder. Genera violencia, sufrimiento y produce terror tanto en la persona secuestrada, como a las familias y comunidades. La desaparición forzada ha sido un arma de guerra, en el mayor de los casos, accionada por el Estado. Tiene lugar la desaparición forzada “cuando una persona es arrestada, detenida o secuestrada contra su voluntad o privada de su libertad de cualquier otra forma por autoridades gubernamentales o por grupos organizados o individuos particulares cuyas acciones son aprobadas de alguna manera por el gobierno. […].

A consecuencia de esto, la persona desparecida queda fuera de amparo de la ley, en estado de indefensión, a la vez que la deja expuesta a otras violaciones de derechos humanos como la tortura, la violencia sexual, y el asesinato” (Amnesty, 2011). Pero esta eliminación de la persona jurídica no queda ahí. También se desgarra su mundo y relaciones de vida, sus lazos familiares, comunitarios y territoriales; se deslastra la memoria socioafectiva y colectiva. Porque en el fondo, en la desaparición forzada, se elimina, la sangre, el cuerpo torturado y al que se le ha quitado la vida, pero la huella sigue ahí, en los territorios, en las veredas, en los barrios, y en los ríos del país (HREV, 2019, 3). 

El 6 de diciembre de 2001, el periódico El Tiempo[1], publicó los datos de la investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), que, según esta, desde el año 1958 hasta 2021 se han registrado 80.720 desaparecidos en el país. Pero, según los estudios que revela por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, esta estadística se incrementó a 99.325. El mismo estudio ha mostrado que, las víctimas, se encuentran en diferentes regiones del país. El departamento de Antioquía, se erige como primer lugar del alto índice de desaparecidos con un total de 20.286 víctimas; luego Meta, con 5.459 desaparecidos; le sigue Magdalena, con 4.123; Valle del Cauca, con 3.983; y Cesar, que tiene 3.955 casos.

Desde el punto de vista de los actores y responsables de las desapariciones, los estudios de esta misma entidad, nos revela los siguientes datos: los paramilitares, con un total de 46,1 por ciento de los casos registrados entre 1970 y el 2015 (un total de 13.562). Luego, las guerrillas, con el 19,9 por ciento (5.849); los grupos posdesmovilización, con 8,8 por ciento (2.598), y los agentes del Estado, con 8 por ciento (2.368).

Se puede constatar que, la desaparición forzosa ha causado daños en el propio cuerpo y espíritu de los desaparecidos, pero también en la familia, en las comunidades, y por supuesto, en la sociedad misma. No podemos invisibilizar los daños a nivel moral, a nivel psicosocial y emocional; daños en el nivel sociocultural, socioeconómico, a nivel político, incluso, a nivel de ambiente y medios de vida; porque en este caso, muchos hechos de desaparición forzada, tienen como consecuencia el desarraigo del territorio, el desplazamiento.   

Desde los datos anteriores, al tratar el tema sobre los desaparecidos en un país como Colombia es muy complejo. Por ello, en este artículo, quiero limitarme al acompañamiento e incidencia de los misioneros claretianos en el Chocó, especialmente en Riosucio, Bajo Atrato, respondiendo al enfoque y la opción pastoral que han tomado en favor de la vida, la defensa y protección de los derechos humanos, en especial, de todos aquellos que se ven afectados por la desaparición forzada y sus consecuencias, y en la línea con el Objetivo del Desarrollo Sostenible (ODS 16): Paz, Justicia e Instituciones sólidas.

Departamento de Chocó y el Municipio de Riosucio, Aproximación Geográfica

El departamento de Chocó está ubicado entre la cordillera Occidental y la zona Norte del Pacifico colombiano, cuenta con una extensión de 45.530 Km cuadrados. En el norte, limita con el mar Caribe en el golfo de Urabá; al noroccidente, con la República de Panamá; al Occidente, con el océano Pacífico; y al oriente con el departamento del Valle del Cauca. Administrativamente, está dividido en 31 municipios, 147 corregimientos. Quibdó es la capital departamental (cf. Caicedo, 2006, 10).

En su mayor parte, la región de Chocó es una selva ecuatorial atravesada por las cuencas de los ríos Atrato, san Juan y Baudó, entre otras. Se caracteriza por contar con escasas vías de comunicación, la alta precariedad económica y el visible abandono por parte del Estado. Su territorio sirve de corredor entre la costa y el interior del país y, desgraciadamente, se convierte en un corredor estratégico y apetecido por parte de los grupos al margen de la ley, para el comercio y tráfico de armas y drogas.

El Chocó es rico en biodiversidad. En él, se proyectan desde el siglo XIX, con mayor énfasis, a partir de los años 90 del siglo XX, de megaproyectos de carácter internacional como el canal Atrato-Truandó, los monocultivos de siembras de palmas africanas, y también están presentes los cultivos ilícitos, como la coca[2]. Muchos megaproyectos quedaron en los planos, las concesiones a las multinacionales sin garantías de protección de la biodiversidad y cultura ancestral de afros y comunidades indígenas, han sido planteadas por el Estado; pero más allá de esta situación, en poco o nada, se ha tenido en cuenta a los chocoanos -etnias, comunidades, organizaciones y leyes consagradas por el Estado y avaladas por organismos internacionales- como lo evidencia el que históricamente han sido ignoradas sus luchas en resistencia, sus reglamentos internos, y sus exigencias étnico territoriales.

Lo anterior, junto con los intereses económicos gubernamentales, de empresarios, organizaciones supranacionales, se han generado conflictos del carácter político entre el Estado, los grupos al margen de la ley (guerrillas, disidencias y las autodefensas); conflictos que han causado y causan un alto costo humano y ecológico. Así, la población civil entra en estas disputas, siendo la mayor de las víctimas. La gran paradoja de esta región es ser, -en medio de la abundancia natural, el valor de sus gentes y su riqueza cultural-, un hábitat cultural y biodiverso atravesado de tragedias: miseria a granel, pobreza extrema, discriminación y exclusión geopolítica, y uno de los escenarios más complejos del conflicto, en el que se ha despojado la dignidad a la gente. 

Así también, Riosucio hace parte de este departamento. No está al margen de la realidad social y política que vive y ha marcado a la región. El municipio de Riosucio se encuentra en la zona norte, en el bajo Atrato chocoano. Esta zona es atravesada por los ríos Atrato, Salaquí y Truandó. “El área municipal es de 7.046 km² y limita al Norte con Unguía (Chocó) y la República de Panamá, al Este con Turbo y Mutatá (Antioquia), al Sur con Carmen del Darién (Curbaradó), Bahía Solano (Mutis) y Juradó (Chocó) y al Oeste con Juradó (Chocó). Cuenta con los corregimientos de Alto Ríosucio, Belén de Bajirá, Campo Alegre, Chintadó, Jiguamiandó, La Honda, La Larga, La Raya, La Teresita, La Travesía, Llano Rico, Peranchito, Peye, Playa Roja, Puente América – Cacarica, Salaquí, Sautata (Perancho), Tamboral, Truandó, Tumaradocito (Bella Vista), Venecia y Villanueva, la inspección de policía La Isleta y además un centro poblado” (IGAC, 2012). 

La actividad económica de los riosuseños gira en torno a la agricultura, la extracción maderable, la pesca. En el casco urbano, lo económico está mediado por la presencia de diferentes comerciantes tanto los nativos como también, los procedentes de otras regiones del país.

Para los misioneros claretianos, su presencia en estas zonas es emblemática. La llegada de los Hijos del Inmaculado Corazón de María, se remonta a los inicios del siglo XX, año 1909. El desafío a la creatividad misionera sigue siendo actual. Responder a los anhelos y exigencias de las comunidades étnico territoriales con el acompañamiento a procesos organizativos y sociocomunitarios es una forma de desplegar la impronta y el carisma claretiano. Defender la vida, cuidar el territorio, vivir libre de violencias y fomentar la paz, son rasgos que han de seguir germinando paz y desmontando el conflicto.  

[1]Recuperado de: https://www.eltiempo.com/justicia/paz-y-derechos-humanos/cuantos-desaparecidos-ha-dejado-el-conflicto-en-colombia-cifras-y-datos-637170, 06 de diciembre 2021, fecha de acceso, 12 de mayo de 2022.

[2] Esta información, podemos constatar en los informes de la Coordinación Nacional de Desplazados, que se realizó en Bogotá en sep.- 13 al 14 de 2002. Coordinación Nacional de Desplazados, Segundo Encuentro Nacional de Desplazados, Memorias, Ediciones Ántropos, Bogotá, 2003, pp. 94-96.

Anselmus Baru, CMF