Minería clandestina en la cuenca del Atrato, Chocó, Colombia

Juande Fernández

Doctor en Ecología

Si no conociéramos nada de política y economía internacional, podríamos imaginarnos que aquellos países con más recursos y materias primas habrían de ser países muy ricos desde un punto de vista económico. Y por tanto, la población de estos lugares ser partícipes de estas riquezas. Sin embargo, tristemente sabemos que esto no es así. Podríamos enumerar muchos casos de países, especialmente en África y Sudamérica, ricos en recursos, pero a la vez con las poblaciones más empobrecidas del mundo. Es decir, pueblos pobres en países ricos. Esto se conoce cómo “la maldición de los recursos”.

África posee el 90% de las reservas de platino, el 80% del coltán, el 46% de las reservas de diamantes, etc. Además de recursos petrolíferos, pesqueros y de madera. Sin embargo, el 40% de su población sigue viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Situaciones similares se dan en numerosos países de Sudamérica, donde la extracción de recursos mineros y naturales, lejos de enriquecer a los pueblos, los hunde en la pobreza y desdicha. Esto es especialmente impactante en los pueblos indígenas. Uno de los últimos casos en que multinacionales extranjeras extraen recursos dejando solo daños ambientales a su paso lo hemos tenido en Perú. A finales de enero de este mismo año un derrame de petróleo en una refinería de Repsol causó un desastre ambiental en las costas del país.

Hace unos años tuve la oportunidad, junto con PROCLADE, de conocer en primera persona uno de estos casos en los que la extracción de recursos en Sudamérica genera riqueza para unos pocos y desdicha para el resto.

En verano de 2019 viajé a el Chocó (Colombia), una región selvática fronteriza con Panamá y bañada por las aguas del Atlántico y el Pacífico. Es uno de los puntos con mayor pluviometría y biodiversidad del planeta. Un sitio donde he encontrado lo mejor y lo peor del ser humano. Lo mejor: encontrarme con personas alegres, acogedoras y altamente comprometidas con la comunidad. Lo peor: es una de las zonas más azotadas por el conflicto armado entre guerrilla, paramilitares y ejército, donde se han realizado y se siguen realizando atrocidades. Si bien el acuerdo de paz firmado por las FARC ha supuesto una mejora, aún queda mucho por hacer en esta región y en todo el país.

Todo el Chocó se encuentra vertebrado por el rio Atrato y sus afluentes. El rio es la principal vía de comunicación, pero también sustento económico y fuente de vida y cultura para sus gentes. Mi primer contacto con el Atrato fue en Quibdó, capital del Chocó. Allí pude conocer a Adriana, una joven líder comunitaria que se presentó como “Guardiana del Atrato”. Ella me habló del río con cariño, de lo mucho que significaba para las comunidades, pero también de sus problemas, de la contaminación por mercurio procedente de la minería de oro, de la deforestación, de la invasión de plásticos, etc. Y me encantó escucharle, porque no hablaba con tristeza y resignación, sino con energía y esperanza.

En un mundo ideal, el saber que el río poseía yacimientos de oro, me hubiese hecho pensar que las comunidades locales deberían de repartirse esas riquezas. Pero una vez más sabemos que tristemente nuestro mundo no funciona así. La minería ilegal de oro sigue siendo una dura realidad que contamina las aguas del río y proporciona fondos económicos a ambos bandos del conflicto armado. Mientras que un ejército corrupto mira para otro lado, en vez de cumplir las labores de protección del río como exige la legislación colombiana. Además, hay una extensa lista de multinacionales a la espera de que la paz se imponga en la región para extraer una parte del pastel, en forma de oro, platino, madera, etc. Algo que solo serviría para empeorar la situación del río y de las personas que de él dependen. Tal y como me decía Adriana, “El río y las comunidades somos interdependientes: ¡Si el río se enferma, nosotros también!”

Necesitamos que las cosas cambien y que cambien de verdad. Que las riquezas naturales de los países sean compartidas con sus pueblos. Y esto está relacionado con la justicia social pero también ambiental. Estoy seguro que si las propias comunidades locales e indígenas, que dependen de la salud de los ecosistemas, pudiesen decidir sobre este tipo de explotaciones minerales, estas se harían de una forma sostenible y respetuosa con la naturaleza. Dejando avance social y ambiental en las regiones en lugar de contaminación y conflictos armados como ocurre en la actualidad.

Juande Fernández

Doctor en Ecología