Eva Iráizoz

Licenciada en Farmacia

Experta en Salud Global

Seglar Claretiana

En mayo del año pasado, el Papa Francisco hacía una llamada a la colaboración científica internacional para descubrir una vacuna contra el coronavirus y recordaba la necesidad de que esta vacuna estuviera disponible y accesible para todo el mundo[1]. Hoy, meses después, la COVID-19 ya ha dejado más de 2 millones y medio de fallecidos y una crisis socioeconómica de la que muchos países y personas tardarán en recuperarse. 

Desde los primeros meses de la pandemia, los Estados, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos multilaterales a nivel global, empresas y organizaciones filantrópicas se pusieron de acuerdo para impulsar el desarrollo de productos que pudieran prevenir, diagnosticar y tratar la COVID-19. Existía además un consenso acerca del reconocimiento de las vacunas como un bien público global y se pusieron en marcha iniciativas interesantes, como el mecanismo de compra conjunta COVAX, que tenían como objetivo garantizar el acceso universal, bajo la premisa de que lograr una cobertura de vacunación suficiente en todos los países del mundo era la única manera de avanzar en la lucha contra la COVID-19. 

En la actualidad, existen varios tipos de vacunas comercializadas y más de una decena de vacunas se encuentran en fases muy avanzadas de desarrollo clínico. Pronto llegarán más en este logro científico global sin precedentes, pero de nada servirá tener vacunas efectivas disponibles si estas no son accesibles para todas las personas, también para aquellas que viven en los rincones más pobres del mundo.

La realidad, sin embargo, es que las vacunas están lejos de llegar de una manera equitativa a todo el mundo y tan solo los países más ricos están avanzando en la inmunización de su población. Lejos del espíritu de solidaridad global visto en los primeros meses de la pandemia, estamos siendo testigos, una vez más, de un ejemplo claro y cruel de desigualdad global y, en palabras del director general de la OMS, nos encontramos ante un fracaso humanitario.

A finales del año pasado, los países más ricos, que suman tan solo el 14% de la población mundial, ya habían reservado el 54% de la producción global de vacunas[2]. Países como Canadá o Reino Unido tienen reservadas suficientes dosis como para vacunar hasta tres veces a su población. Entre tanto, decenas de países todavía no han vacunado ni a una sola persona y la mayoría de los países de bajos ingresos no llegarán a vacunar al 3% de su población de aquí a mitad de año.

Las principales barreras en el acceso universal a las vacunas para la COVID-19 tienen mucho que ver con los retos habituales en el acceso a los medicamentos esenciales y con un modelo de innovación y desarrollo que no funciona, basado en las patentes y en los monopolios controlados por grandes compañías farmacéuticas y grandes inversores, más preocupados de sus propios beneficios que del bien común. En definitiva, un modelo dejado a los intereses del mercado y basado en la concepción del medicamento como un bien de consumo normal. Un modelo que olvida que el acceso a los medicamentos es un derecho humano.

Así lo ha expresado en diversas ocasiones el Papa Francisco, quien, reconociendo la financiación pública en la I+D de estas nuevas vacunas, así como la justa compensación que deben obtener las empresas por la inversión realizada, recuerda que “la vacuna debe ser vista como un bien al que todos tengan acceso, sin discriminaciones”[3] y denuncia tajantemente que se estén colocando “las leyes del mercado y de las patentes por encima de las leyes del amor y de la salud de la humanidad.”[4]

En una reunión reciente de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Vaticano manifestó una vez más[5] que las patentes constituyen una barrera fundamental al acceso y que son la principal razón de la producción escasa e insuficiente de vacunas ante la que nos encontramos. Dicho de otra manera, muchas más fábricas en todo el mundo podrían estar produciendo más vacunas para cubrir la demanda mundial, pero no lo pueden hacer porque las patentes y los conocimientos– el know-how– no se comparten, sino que son propiedad de un puñado de empresas farmacéuticas que controlan el mercado. La postura del Vaticano es muy clara en este sentido e insta a que se adopte una propuesta que permitiría la suspensión de las patentes y otros derechos de propiedad intelectual mientras dure la pandemia para avanzar hacia un acceso universal, real y efectivo.  Esta propuesta[6] fue presentada en octubre de 2020 por India y Sudáfrica y todavía se está discutiendo en el seno de la OMC. La iniciativa cuenta con el apoyo de más de cien países, sin embargo, está siendo bloqueada por los principales países ricos, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Japón y la Unión Europea en bloque. 

Como cristianos y cristianas en el mundo actual, esta realidad nos duele y nos interpela. Somos comunidad fraterna y global y tenemos marcado un horizonte claro hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). No podemos permitir este mundo a dos ritmos, donde los más ricos se salvan, mientras el resto de la humanidad sigue esperando. Porque, si se hunde una parte del mundo, nos hundimos todos. Es imprescindible caminar hacia un nuevo modelo de I+D que garantice el acceso universal a las vacunas para que nadie quede atrás en la lucha contra la COVID-19. Si “la pandemia de COVID-19 despertó durante un tiempo la consciencia de ser una comunidad mundial que navega en una misma barca, donde el mal de uno perjudica a todos”, recordemos “que nadie se salva solo, que únicamente es posible salvarse juntos”[7]. 

Eva Iráizoz

Licenciada en Farmacia

Experta en Salud Global

Seglar Claretiana